Jóvenes en las manifestaciones proinmigrantes del 2006 en Los Ángeles. Julio Cortez/El Nuevo Sol.

Por JACQUELINE GUZMÁN
EL NUEVO SOL

California podría beneficiarse con más de 16 mil millones de dólares anuales si se legalizara a los inmigrantes latinos no autorizados, de acuerdo al Centro de Estudios para la Integracion de los Inmigrantes (CSII) de la Universidad del Sur de California (USC). En California, existen más de 1.8 millones de adultos indocumentados que aportan a la economía del estado. El informe, “Los Beneficios Económicos con la Autorización de Inmigrantes en California”, recalca que los beneficios se acumularían en gran cantidad si los actuales trabajadores indocumentados pudieran trabajar legalmente y ser mejor pagados.

“Mientras algunos dicen que debemos enfocarnos en recuperarnos de la recesión y no pelear por la reforma migratoria, deben ver que legalizar a los inmigrantes indocumentados podrían obtener una inesperada fuente de estímulo económico”, dijo Manuel Pastor, co-autor y co-director de CSII.

De aprobarse una reforma migratoria no sólo se estaría ayudando a los millones de adultos indocumentados, sino también a la juventud inmigrante, quienes en muchos casos llegaron a este país a muy corta edad. Alrededor de 65,000 estudiantes indocumentados se gradúan de preparatorias cada año, pero sólo un porcentaje muy pequeño llega a la universidad.

“Lo más triste de todo es que voy a tener un título de UCLA, una universidad prestigiosa en el sistema de UCs y no voy a poder trabajar legalmente debido a mi situación legal”, dijo Nancy Meza, estudiante de Estudios Chicanos, quien está cursando su último semestre. “Es triste ver que muchos estamos en la misma situación, tener un titulo pero no poder ejercer”, agregó Meza.

El estudio de CSII también revela que juntando a los latinos legales e indocumentados con los mismos niveles de educación, inglés, experiencia y habilidades, los indocumentados podrían aportar al estado de California hasta 3.25 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, este avance está siendo truncado por su estatus legal solamente.

Y al parecer la lucha por legalizar a los 12 millones de indocumentados está comenzando otra vez. El pasado 15 de diciembre, el congresista Luis Gutiérrez (D-Ill), junto con 20 congresistas demócratas, presentaron la iniciativa de ley HR4321 ante la cámara baja. Gutierrez es el autor de dicha iniciativa que hasta ahora cuenta con el apoyo de 92 patrocinadores demócratas en el Congreso.

“Nosotros no tenemos el derecho de rendirnos, nosotros tenemos la responsabilidad de nunca descansar hasta que todos en este país tengan los mismos derechos y los mismos beneficios que los que están aquí legalmente”, dijo Gutiérrez ante una multitud de alrededor de mil personas en la iglesia de ‘Nuestra Señora de Los Ángeles’ en la Placita Olvera.

Gutiérrez agregó sentirse decepcionado al escuchar al presidente Barack Obama decir sólo una frase sobre inmigración durante su informe de gobierno el pasado 27 de enero.

“Tu no puedes venir a nuestra comunidad y decir que quieres ayudarnos, y comprometerte que en tu primer año tu vas a buscar una reforma migratoria”, dijo Gutiérrez refiriéndose al presidente Obama, “Cuando tu querías nuestros votos, eramos legales y eramos gente buena. Todavía lo somos”.

María Elena Durazo, líder de la Confederación Laboral de Los Ángeles (AFL-CIO), dijo que más de 300 sindicatos luchan por la justicia en los lugares de trabajo y la comunidad. “Ellos [inmigrantes] llevan a cabo los trabajos que otros americanos desprecian a cambio de bajos sueldos y condiciones sobre-humanas que ningun americano tolera”, agregó Durazo. Por eso los sindicatos son firmes partidarios de una reforma migratoria justa y humana.

Los partidarios de la reforma migratoria dicen que la economía podría mejorarse en gran parte si los trabajadores indocumentados son legalizados en lugar de ser encarcelados y/o deportados.

El jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Beck dijo que ningún policía debe intimidar a los residentes de Los Ángeles sea o no indocumentado, “El estatus migratorio de una persona no es problema de LAPD”, agregó.

Se espera que en las próximas semanas se continúen haciendo más mobilizaciones a favor de una reforma migratoria. De acuerdo a Gutiérrez, se tiene un periodo de poco más de un mes para saber si la HR4321 tendrá avances o no.

“Durante los últimos 40 años, el departamento de estudios chicanas/os ha servido como educador de nuestra comunidad a la vez que ha promovido la justicia social. Hoy, la crisis económica y los recortes presupuestarios requieren nuestra acción inmediata para lograr cambios”, dijo David Rodríguez, jefe del departamento de estudios chicanas/os en CSUN.

BOLETÍN DE PRENSA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CHICANOS, CSUN

Los recortes de presupuesto en la Universidad Estatal de California (CSU) amenazan el futuro de la educación pública en todo el estado. Significa un recorte en el número de estudiantes que pueden matricularse en clases y aquellos que consiguen clases reciben menos debido a la situación de los furloughs en la que los profesores se encuentran actualmente. Además, los recortes a los empleados afectan a los trabajadores más recientes de una forma injusta mientras que los administradores mejor pagados resultan poco afectados.

El día 3 de febrero, los profesores del departamento de estudios chicanas/os se reunirán fuera del salón de clases, utilizando un día designado como furlough, para discutir con los estudiantes las consecuencias de la disminución de financiación en todo el sistema de educación pública.

El día comenzará con marchas por todo el campus seguido de un encuentro en el que habrá charlas de David Rodríguez, jefe del departamento de estudios chicanos, Audreana Redmon, representante de la Asociación de Profesores de California (CFA) y Theresa Montaño, profesora en el departamento de estudios chicanas/os. Acto seguido, los estudiantes, profesores y empleados formarán grupos para discutir diferentes temas de interés. Todos los miembros de CSUN (estudiantes, profesores, empleados) o personas de la comunidad están invitados a participar.

“Ya era hora de que la gente reaccione”, dijo el profesor Rudy Acuña.

Entre el semestre de otoño del 2008 y 2009, la universidad estatal de Northridge (CSUN) perdió el 19% de sus lectores e instructores con contrato a tiempo parcial. 206 lectores no volvieron a clases este semestre pasado. De las universidades estatales de California en el área metropolitana de Los Angeles, el campus de Los Angeles (CSULA) perdió el 40% de sus lectores, Fullerton (CSUF) perdió el 30% y Long Beach (CSULB) el 25%.

El estudiante Luis Miranda, 21, tendrá que esperar un año más para graduarse debido a la reducción en el número de clases que se ofrecen y al hecho de que las clases avanzadas que necesita tienen ahora una capacidad menor. Clases durante el semestre de verano no serán una opción ya que han sido indefinidamente canceladas debido los recortes presupuestarios.

“Las universidades públicas son el motor de la economía del estado. Con una disminución en la inversión educativa podemos esperar una recuperación económica más lenta, principalmente en la población latina”, apuntó la profesora de estudios chicanas/os Rosa Furumoto.

“Durante los últimos 40 años, el departamento de estudios chicanas/os ha servido como educador de nuestra comunidad a la vez que ha promovido la justicia social. Hoy, la crisis económica y los recortes presupuestarios requieren nuestra acción inmediata para lograr cambios”, dijo David Rodríguez, jefe del departamento de estudios chicanas/os en CSUN.

QUIÉN: Estudiantes, profesores, empleados del departamento de studios chicanos en la Universidad estatal de California en Northridge (CSUN)
QUÉ: Marcha y grupos de discusión fuera del salón de clases
DÓNDE: En el campus de CSUN, en la zona del parque en frente de Bayramian, entre Bayramian Hall y Jerome Richfield Hall
CUÁNDO: Miércoles, 3 de febrero de 2010 entre 9:30 y 11:20 de la mañana
INFORMACIÓN de CONTACTO: David Rodríguez, jefe del departamento de estudios chicanas/os, CSUN, teléfono: (818) 677-2734

Three-year old Mingus Huss, dressed in beige overalls and a red and black checkered jacket, looks up the tree-covered hill with wide, expectant eyes. Wearing holiday-themed Crocs on his feet – one green and one red – the little boy dashes ahead of his parents and points at a Christmas tree no taller than he. “This one,” he says.

His parents and grandparents follow, encouraging him to explore acre upon acre of live Christmas trees that stand anywhere from 12 inches to 18 feet.

The little boy continues his trek through the 15-acre farm, unaware that he’s carrying on a family tradition that began two generations ago in the mid-West.

“We’ve been cutting down our own Christmas trees ever since I was a little girl,” said Sarah Huss, Mingus’ mother. “My brother and I would fight for hours over who would get to pick the tree.”

Cutting down a Christmas tree at the same location is part of the tradition for some  patrons of Christmas Ranch Tree Farms, said to Marilyn Cameron, who along with husband Don, own the Thousand Oaks and Simi Valley locations.

“At least two families who bought trees when when we first opened in 1974, still visit each year,” said Cameron.  ”Now, they are bringing not only their children, but their grand children.  We have others who have been coming almost as long.”

Simi Valley resident, Suzy Kavanagh says she and her family have been visiting the tree farm for at least 15 years.

“Every year, we come here to cut down our tree. It’s a family tradition,” said Kavanagh.  ” We all gather at the parking lot and then we hop in the old Vietnam-era truck, go to the other side of the hill, and cut down the tree.”

Kavanagh and husband Dick are meeting up with daughter Kim, son Mike, daughter-in-law Sheri, three grandchildren and two friends. The family will cut down two trees – one pudgy tree for the woman her grandkids call “Grammy” and a skinnier one for her son.

While most environmental experts say that Christmas trees are a renewable resource, because a new tree is planted for each that is cut down, it is not the reason most people choose them over artificial trees.

“We like to cut our own tree. It smells good and stays fresher longer,” said Huss as she watches her son continue the search.

After helping his father, Ryan Allen, cut down the family Christmas tree, Mingus sits by the bonfire, sipping hot cocoa and eating a candy cane. But, the best is yet to come, according to the little boy with red and green Crocs. When he arrives home, he gets to help his parents decorate the tree, and his favorite decorations are the lights.

View Christmas Ranch Tree Farms in a larger map

A list of Christmas tree farms around the country.

The Camerons say buying a real Christmas tree is an eco-friendly choice.

In a Deaf household many barriers can be formed and pose as a roadblock for communication. Simple tasks as talking on the phone, to calling each others name’s, are not done the same in a Deaf household. Malihe Ghazanfari and Vania Elison describe their experience as children living in a Deaf home.

When Ghazanfari’s mother found out her daughter was Deaf, they originally did not want to learn sign language.  Different options were tried, she attempted to focus on oral speech and realized that was not successful for her  child and eventually accepted the fact that they would have communication barriers.

Ghazanfari was born in Iran in 1988 and moved to the United States at the age of  two,  even then her mother did not speak English.  Ghazanfari’s family tried to attend a local church to learn both American Sing Language and English at the same time, because then she only spoke Farsi.  Ghazanfari said, “It was a tough situation to handle, but now everything is fine.”

Elison, a coda (child of Deaf parents) says she recalls most of her childhood having to play the role of the interpreter. “Whenever they needed me, I would always go with them to the bank, doctor’s, meetings and things like that,” said Elison.  She says that a lot of her childhood she was torn between two cultures, that of the hearing and Deaf communities. Whether it was trying to maker her parents understand that she is a hearing girl trying to prove herself as a Deaf studies major at California State University Northridge, Elison will always feel like she will constantly have to show her parents that she is part of both worlds.

“Too Many Tamales” originally written by Gary Soto, has been adopted into a play for the last thirteen years at the Bilingual Foundation of the Arts Theater.

The play, written by Lina Montalvo, who has been involved with the play since its original production, focuses on showing the Hispanic traditions that partake during the holidays. “It’s about tradition, it’s about sharing all these thing, the food, the language,” said Montalvo.

The play follows the plot of the book but has been adapted with relative Christmas songs as well as a distinct message. Montalvo, along with her cast says that the goal of the play is to teach the audience that cultural diversity does exist. “We try to encourage tolerance,” said Montalvo.

Bilingualism, when a person is fluent in two languages, can happen simultaneously. According to a Linguistics and Chicano/a Studies professor at California State University Northridge, Ana Sánchez-Muñoz, “Normally when parents speaks two languages, the child can acquire those two.”

Adraina Rivera, a housekeeper, who speaks both Spanish and English emphasizes the importance of having cultural diversity and tolerance. Rivera feels like it is necessary for her children to be able to understand both languages. “We know that in this country, the more languages you know, the better off you are. You can defend yourself and help yourself, so it’s really important to know two tongues,” said Rivera.

Sánchez-Muñoz says that although English is the dominant language in the United States, there are many benefits to being a polyglot. “Acquiring two languages is really acquiring two cultures. It opens the doors to different value systems, different traditions and of course that is a richness,” said Sánchez-Muñoz.

California law requires that applicators post warning signs that alert people to stay out of an agricultural field that has been sprayed with certain pesticides. A representative from the California Department of Pesticide Regulation says the skull and cross bones is a universal symbol. The number of days workers must stay out depends on the type of pesticide applied.

It is rare that when we eat, we think about how our food was grown and who harvested it. About 20,000 farm workers hand-pick crops, such as strawberries, avocados, lemons and celery, which are planted on nearly 60,000 of Ventura County’s 125,000 acres of farmland, according to the Farm Bureau of Ventura County.

But are the agricultural fields safe for farm workers?

Yes and no.

The California Research Bureau published a report, “Health of Migrant Farm Workers in California,” in 2002. It noted there are a number workplace hazards, including unsafe or unsanitary working conditions and exposures to pesticides and other agricultural chemicals.

While growers are required by California law to provide safety training, including training for pesticides, only 57 percent received it.

Arsenio Lopez, a former field worker, who today is a community organizer for Mixteco/Indigena Community Organizing Project, was in the 43 percent who never received it.

Why the concern over pesticides?

Exposure to certain pesticides has both short-term and long-term health implications, said Sandy Young, family nurse practitioner and founder of Mixteco/Indigena Community Organizing Project.

She said most workers live with symptoms, such as a rash, a runny nose and a cough, which may be associated with pesticide exposure. Exposure to certain pesticides can even cause cancer.

California’s Department of Pesticide Regulation requires all parties to report known pesticide exposures – whether it’s a worker, his supervisor, the grower, the applicator, or a physician.

When compared to other counties, Ventura County has relatively few reported exposures. In 2007, only 7 of the nearly 320 reported incidents occurred in Ventura County. Kern County had more than 40.

A representative for growers and applicators said the low number is proof that their safety training and consistent communication when it comes to keeping field workers from coming in contact with pesticides.

Attorney Rob Roy, who works for the Ventura County Agricultural Association, said the applicators follow the rules, which includes notifying adjacent land owners to ensure workers are kept out of the fields.

After serving their country for several years, veterans come back to their lives to only find themselves lost in a life with limited options. Anthony Ortega served the military for 10 years and he came back to a life of drugs and into the streets.

Anthony Ortega is a homeless veteran who lived in the streets of Skid Row. He is currently living at the Union Rescue Mission shelter in downtown Los Angeles. Marlene Pantaleón / El Nuevo Sol.

By MARLENE PANTALEÓN
EL NUEVO SOL

Walking the streets of skid row is a daily struggle for Anthony Ortega, a 30-year-old Latino homeless veteran who had been homeless for 10 years and has made the decision to seek help at Union Rescue Mission upon realizing he can do more than live a life filled with drugs.

On skid row, everyone has their own unique story, like the woman wearing three jackets and dragging a cart behind her or the old man in a wheelchair passing out in front of the trash can. Countless people sleep on the streets of their own battlefield and yet they’re all connected.

Ortega thought he had left the battlefield in the past once he left the military, but living on the streets of Los Angles was a war in itself. There he got addicted to marijuana and lived each day looking forward to the next hit.

“Living in the streets of skid row is a daily battle. It’s America’s own inside war,” Ortega said. “It’s poverty, and what better way to fight it than from the inside.”

Joining the military at 17-years-old was Ortega’s way of making a first attempt at changing his life style that included drugs and gangs. He ended up serving the Army until the age of 26 when he was injured after taking a rocket propelled grenade to the left side of his body. The grenade blew up while he was still in the building, resulting in Ortega’s injury. He’s never fully recovered.

“I am constantly reminded that I am not 100%. Standing for a long period of time is very difficult, walking for a while is also difficult,” Ortega said.

After leaving the Army, Ortega found himself on the streets of downtown Los Angeles. While he looked towards the government for help, he was constantly rejected.

“I figured if my own government doesn’t want to help me out after the sacrifices I’ve made, why should I even care?” he said.

Ortega is one of the 131,000 estimated veterans that are homeless each night—20,000 of them in Los Angeles. The United States Department of Veterans Affairs Web site estimates that about 45 percent of homeless veterans suffer from mental illness and more than 70 percent suffer from alcohol or other drug abuse problems. About 56 percent of these homeless Veterans are either African American or Latino.

At the Union Rescue Mission, out of the 200 homeless men that are enrolled in the one year program, 60 of them are veterans said Rev. Andy Bales, CEO of the mission.

Jennifer Giles, a media specialist for the Census Bureau said homeless veterans are an important group of people that need to be accounted for, but also difficult to count and nearly impossible to count all of them.

“It is very important for everyone to be included in that (census) number. Everyone depends on public goods like clean water, parks and services like that,” Giles said.

What they have been trying to do for the past three censuses is develop a partnership, Development Partnership, which goes out to communities that the Census believes are hard to count, such as shelters.

“Homeless veterans are one of the most important groups to count because of the money the government can give them,” Giles said. There is money allocated for Veterans, but the number the Census counts matters when it comes to the amount of money and where that money will go, Giles added.

According to a study conducted by the accounting firm PriceWaterhouseCoopers, Los Angeles County lost about $636 million over a period of ten years because of the undercount in the 2000 census. The estimated undercount for California was over 500,000 people.

As for the data collected by the census, nonprofits like New Directions say they do not use it extensively. The number accumulated is merely a snapshot of one days count of people who have no home, said Cindy Young, director of development at New Directions Inc., an L.A.-based non-profit organization serving veterans in the area.

For homeless veterans, being counted by the government is not something they all want.

“Some of these veterans in the streets don’t want people to know they are veterans because they are ashamed and embarrassed. They believe people will think, ‘You are here and you served this country?’” Ortega said.

As for Ortega, he wants answers from the government. He believes a change will begin to happen when people take action. “As a homeless veteran, I want the state to get involved, to do something more than take surveys,” Ortega said. “For the state to create plans, to create programs that will take action.”

Ortega is currently living at the Union Rescue Mission located in the middle of skid row. He is attempting to stand on his own two feet. After being in the streets he’s made the decision to help others who might be going down the same road as him.

“I would like to be a youth counselor. I would like to talk to kids who feel they have no choices and let them know they do have a choice,” Ortega said

Me llamo Oscar y soy alcohólico,” fueron las palabras de un miembro del programa no partidista llamado Alcohólicos Anónimos. Después de 15 años de sobriedad, el trabajador de limpieza de casas, sigue participando en el programa también conocido como grupo “una mano en mi camino” que tiene la “obligación moral de ayudar al enfermo alcohólico”.
Oscar García emigró con su esposa desde El Salvador hace 39 años con el sueño de mejorar su situación económica.

“(En El Salvador) yo trabajaba en una gasolinera donde ganaba $4.50 colones al día,” dijo García, “En ese tiempo eran como un dólar y 85 centavos”.

El padre de cinco hijos comentó que en su país de origen, él tomaba ocasionalmente porque no tenía el dinero suficiente.

“Cuando yo llegue aquí (EEUU) ganaba $20 dólares al día en mi primer trabajo,” explico García. “Fue entonces cuando yo empecé a tomar todos los fin de semanas”.

La desregulación del número de licencias para vender alcohol en áreas donde viven minorías y la concentración de propaganda sobre alcohol en los barrios pobres aumenta la probabilidad de esta enfermedad. Además, las catástrofes causadas por el abuso de alcohol, como tráfico (conducir bajo la influencia), enfermedad, crimen, y accidentes, cuestan más de $38 billones cada año en California según el Instituto Marin, una organización dedicada a la promoción de la investigación y la protección del impacto de las prácticas negativas de la industria del alcohol.

La organización Pueblo y Salud viene trabajando desde 1991 en una variedad de proyectos en los que se incluyen la prevención del consumo de alcohol y tabaco, enfermedades que afectan, según afirman, no sólo a los individuos sino a sus familias. Su director ejecutivo, Rubén Rodríguez, reveló que el 70 por ciento de las licencias para vender alcohol están localizadas en la ciudad de San Fernando.

Pero también explicó que la misma pauta puede ser encontrada en cada ciudad donde viven grupos de bajos recursos económicos.

“Existe una sobre concentración de lugares donde el alcohol está disponible en áreas donde viven minorías,” dijo, Rodríguez. “El enfoque ambiental de Pueblo y Salud es de tratar y movilizar la comunidad para disminuir el número de tiendas donde venden alcohol”.

García declaro que cuando él era alcohólico, iba a las tiendas de vinos y licores más cercanas y cada vez que compraba alcohol, le cambiaban el cheque de su salario por dinero efectivo de gratis. Le descontaban el licor que compraba del cheque, pero si él trataba de “comprar pan o leche en lugar de bebida” le cobraban un honorario por cambiárselo. Según el Control Alcohólico de Bebida de California, quienes distribuyen las licencias de alcohol, el número de licencias de venta al por menor desde Junio 30 del 2008 en Los Ángeles es de casi seis mil. La cifra toma mayor importancia si se le compara, por ejemplo, con las distribuidas en barrios ricos como Beverly Hills, donde sólo se han concedido 173 licencias. “Las licores están por donde quiera,” dijo el residente de Los Ángeles. “(el gobierno) deja ponerlas en cualquier lado sin restricciones”.

García fue detenido seis veces por conducir bajo la influencia del licor antes que decidiera dejar de consumir alcohol. “Fue un milagro que no me deportaran y no me herí o herí a nadie”, reseñó este salvadoreño de 54 años.

Según la Institución de Marín, en el condado de Los Ángeles cada año hay casi doscientas muertes y más de dieciséis mil accidentes relacionados con la conducción bajo la influencia de alcohol. Pero el número total de muertes por otras razones como caídas, suicidio, y envenenamiento es 700 y más de 27 mil accidentes cada año.

Jim Beall, miembro de asamblea de California, propuso un proyecto de ley llamado AS1019 en Abril 21, 2009 para cobrar un honorario de mitigación de diez centavos por bebida, incluyendo cerveza y vino, a compañías que venden alcohol por mayoreo y hacen negocio en el estado de California.

De acuerdo con el proyecto, la Tabla de Igualdad de California colectará el honorario de mitigación para incrementarlos en programas que proporcionan servicios para problemas relacionados con el alcohol. El proyecto de ley propone organizar cinco programas que recibirán la misma cantidad de fondos. Los programas son: tratamiento y recuperación, prevención, recuperación e investigación, servicio de emergencia y trauma, hospitalización, y justicia criminal y aplicación.

“El alcoholismo está ciertamente atado a la violencia y accidentes”, asegura Rodríguez. El 92 por ciento del costo del crimen relacionado con el alcohol cada año es debido a ofensas violentas, según el Instituto Marin.

“La prevención es nuestra tarea para movilizar la comunidad a que se opongan (a la distribución de licencias de alcohol)”, agregó Rodríguez. Pueblo y Salud ofrece clases de computadoras gratis para enseñarles a la comunidad el uso básico y también el acceso a información por el internet. Lo cual, de acuerdo con Rodríguez, ayudará a prevenir el abuso de alcohol. “Nuestra comunidad no está educada a cómo oponerse (al sistema legal)”.

García encontró el remedio para su enfermedad en Alcohólicos Anónimos. Desde el año 1993, el ex−alcohólico dedica por lo menos tres noches a la semana al grupo con el cual está muy agradecido. Cada vez que atiende a las juntas trata de dar su testimonio para ayudar a los que se están recuperando y siempre que se despide da gracias por vivir otro día sin alcohol diciendo “feliz 24 horas”.

Caitlin mccarrick / El NUEVO SOL
Muchos de los anuncios en Oxnard son dirigidos a Latinos, incluyendo este en la calle 5th.